El gobierno de Tsai Ing-wen estableció la Comisión de Reforma de Pensiones en 2016 y afirmó que completaría la reforma en un año. En ese momento, el autor predijo que la mayor y más urgente crisis financiera era el sistema de pensiones de jubilación, y que el Partido Democrático Progresista no lo cambiaría. Ocho años más tarde, cuando el mandato de la Presidenta Tsai está a punto de terminar, ignorando los informes de análisis actuarial del fondo de pensiones que revelan que la deuda latente superará los 13 billones de dólares para el año 2023 y el agujero financiero se expande año tras año, realmente han dejado que la crisis de pensiones quede en manos del próximo gobierno.
El autor dijo esto en ese momento, además de saber que el Partido Democrático Progresista siempre pone la prioridad en los votos, pero es experto en enmascarar esto con la justicia y la equidad, haciendo que la gente piense que los funcionarios públicos son los grandes beneficiarios. Además, en 2007 y 2008, el aumento de los salarios de los funcionarios públicos fue varias veces mayor que la tasa de inflación, lo que aumentó aún más la carga sobre el sistema de pensiones. Esto demuestra la hipocresía del Partido Democrático Progresista al afirmar que se preocupa por la equidad y la justicia.
En los últimos años, la Comisión de Reforma de Pensiones ha presentado varias propuestas para abordar la crisis de pensiones, pero ninguna de ellas ha sido implementada. Esto muestra la falta de voluntad del gobierno para abordar el problema de frente y tomar medidas concretas para resolverlo. En cambio, han optado por posponer la reforma y pasar la responsabilidad al próximo gobierno.
Esta estrategia a corto plazo no solo es irresponsable, sino que también es peligrosa. La deuda latente del sistema de pensiones no solo afectará a los jubilados actuales, sino que también tendrá un impacto en las futuras generaciones. Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, la crisis de pensiones solo empeorará y se convertirá en una carga aún mayor para el país.
Es inaceptable que un gobierno que se dice a favor de la equidad y la justicia ignore una crisis tan grave y deje que otros resuelvan el problema. Es hora de que el gobierno de Tsai Ing-wen cumpla su promesa y tome medidas concretas para reformar el sistema de pensiones. Esto no solo es necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, sino también para demostrar su verdadera preocupación por la equidad y la justicia.
En conclusión, la crisis de pensiones en Taiwán es una cuestión urgente que debe ser abordada con seriedad por el gobierno actual. No podemos seguir posponiendo la reforma y esperar que otros resuelvan el problema por nosotros. Es hora de tomar medidas y garantizar un futuro financiero seguro para nuestros jubilados y las generaciones futuras.