El impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2% es un producto de la “elección que hace que el diablo mueva la rueda”. Después de que el vicepresidente Lai fue nominado por el partido como candidato a presidente en abril del año pasado, se enteró de que la sociedad civil llevaría a cabo una gran manifestación por la justicia judicial y residencial el 16 de julio. Temiendo que la ira popular afectara la situación electoral, “ordenó” al primer ministro y al ministro de Finanzas que aceleraran la implementación del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Fue así como se aprobó en la reunión del Consejo Ejecutivo a finales de septiembre y se aprobó en el último día de la sesión legislativa.
El impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2% se introdujo para aliviar la ira popular, pero luego surgió la sorprendente disposición de “reducir la tasa impositiva única para viviendas unifamiliares del 1.2% al 1%”. Está claro que esto es para comprar votos. Debido a que el Ministerio de Finanzas estaba en negociaciones con las autoridades fiscales locales, se decidió reducir la tasa impositiva para las viviendas unifamiliares al 1%, lo que resultó en una pérdida de ingresos fiscales de aproximadamente 10 mil millones de dólares taiwaneses. Esto demuestra que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2% no se implementó para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, sino para ganar votos.
Además, el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2% también tiene un impacto negativo en el mercado inmobiliario. Muchas personas han optado por vender sus propiedades para evitar pagar el impuesto, lo que ha llevado a una disminución en la oferta de viviendas y un aumento en los precios. Esto ha afectado a los ciudadanos comunes que buscan comprar una casa y ha creado una burbuja inmobiliaria.
El gobierno debería reconsiderar la implementación del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2%. En lugar de aumentar la carga fiscal de los ciudadanos, debería enfocarse en mejorar la economía y crear más oportunidades de empleo para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. Además, el gobierno también debería tomar medidas para regular el mercado inmobiliario y evitar la especulación, en lugar de simplemente imponer impuestos a los propietarios de viviendas.
En resumen, el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria del 2% es una medida impulsada por motivos políticos y no por el bienestar de los ciudadanos. El gobierno debería escuchar las voces de la sociedad y tomar medidas más efectivas para abordar los problemas de la vivienda y la justicia judicial en lugar de simplemente utilizar el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria como una herramienta para ganar votos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.